Aseguraron que las entidades rurales no pudieron probaron que exista “lesión manifiestamente ilegítima” por parte del Estado en el calculo del impuesto. El sector se mostró disconforme y evalúa apelar la medida.

 

El conflicto desatado entre el gobierno provincial y las entidades agropecuarias por el aumento en el impuesto inmobiliario rural, terminó en la Justicia.

Es que la Sociedad Rural de Gualeguaychú, presentó una acción de amparo con el objetivo de rever los porcentajes y el modo en que se habían aplicado.

Finalmente, en la mañana de ayer, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú dictó sentencia.

Por unanimidad, el tribunal integrado por Ana Clara Pauletti, Valeria Barbiero de Debeheres y José Victor Arakaki, resolvieron “declarar inadmisible la acción de amparo promovida por la Sociedad Rural de Gualeguaychú contra la Administradora Tributaria de Entre Ríos y el Estado de la provincia”.

En el fallo, se expresó que el recurso de amparo colectivo presentado es “improcedente”, y explicaron los motivos que tuvieron en cuenta a la hora de dictaminar el fallo.

Al respecto explicaron que no existe en la aplicación del incremento, una “lesión manifiestamente ilegítima”. Por este motivo, se declaró “inadmisible la acción de amparo promovida por la Sociedad Rural”.

En el fallo judicial, la Cámara desestimó “la excepción de falta de personería de la entidad agropecuaria, y dio por cumplida la entrega de información que se pidió en la acción de habeas data, por parte del Gobierno”.

En este sentido, el Tribunal entendió que no existe ilegitimidad en el cálculo del avalúo.

En cuanto a “la sospecha” con que el gobierno instó su acción, los magistrados consideraron: “parece innecesario a esta altura destacar, que su conjetura se basaba en la ausencia de información (sobre la base del cálculo), y que fue despejado al ser evacuado el informe de las accionadas, oportunidad en la que confirmó y lo dijo en la audiencia pública, para establecer el avalúo fiscal base del impuesto inmobiliario rural del año 2012, específicamente en el lapso temporal utilizado para los datos con los que se calcula la renta en la zona marginal”.

En el mismo sentido, el Tribunal manifestó que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución”.

 

El impuesto quedará vigente

El titular de la entidad recaudadora provincial, Marcelo Casaretto confirmó a APF que fueron “notificados que se ha resuelto declarar inadmisible el amparo destacando que no es la vía, sin pronunciarse el Tribunal respecto a otros aspectos”.

El funcionario también remarcó que “sostiene que no hay una manifiesta ilegitimidad en el accionar del Estado”, por lo que “quedará el impuesto vigente”.

Al respecto recordó que “las entidades fueron sobre el Ejecutivo para cambiar la decisión y no pudieron, luego sobre la Legislatura para cambiar la decisión y tampoco pudieron y fueron a la Justicia con una medida cautelar de no innovar que fue rechazada, y ahora con un amparo que también fue rechazado”.

 

“Es un impuesto escondedor”

El diputado nacional Jorge Chemes (UCR-Entre Ríos) se pronunció en disconformidad por el fallo de la Justicia en el conflicto del campo y aseguró que “la complejidad de la ecuación atentó contra la razón de los productores”.

De todos modos, manifestó que “la fortaleza del campo encolumnado, mostrará que es inviable el sector con políticas impositivas confiscatorias. Hay una protesta que, como la canción, se extiende de norte a sur, provincia a provincia” advirtió.

Para Chemes, “el fallo no es contra el campo, advierte que es necesario un procedimiento más amplio que el amparo, pero no dice que el gobierno tiene razón”, apuntó.

 

Apelarían el fallo

Las entidades agropecuarias podrían apelar el fallo contrario que recibieron por parte de la Justicia. La sentencia favoreció el planteo del gobierno que sostuvo que la ecuación y sus actos estuvieron “sujetos a derecho”.

Por este motivo, el campo evalúa apelar la decisión del tribunal. El sector tiene tiempo hasta las 12.30 de hoy para presentar la apelación o la sentencia quedará firme.

 

Resumen del fallo

“Por unanimidad se resuelve: 1- Desestimar las defensas de falta de personería y legitimación opuestas por las accionadas.

2. Hacer lugar a la acción de “habeas data”, y tener por cumplido su objeto por las accionadas, con costas a su cargo.

3. Declarar inadmisible la acción de amparo promovida por la Sociedad Rural Gualeguaychú contra la Administradora tributaria de la provincia de Entre Ríos y el Estado de la provincia, como así también el pedido de multa por temeridad y malicia efectuado por estas últimas, imponiendo las costas por su orden.