De los tres poderes del Estado, el Judicial tiene peculiaridades que lo distinguen de los otros: los jueces no son electivos y perduran en sus cargos mientras dure su buen desempeño. Su función es de máxima responsabilidad: aplican la Ley; nos la hacen cumplir si no lo hacemos voluntariamente y para ello disponen de la fuerza pública.

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Y lo más importante: ellos determinan cuándo se viola la Constitución; son su custodia. Su misión se torna más delicada, cuando los justiciables, por violar la Ley o avasallar la Constitución, son los gobernantes. Esto surge del principio republicano de igualdad ante la Ley; si no, los gobernantes serían monarcas. Es por eso que los jueces deben ser independientes; no podrían serlo si fueran electivos. No por esto carecen de legitimidad, sólo que ella proviene de otras fuentes. En su designación concurre la voluntad de los otros dos poderes: el Ejecutivo propone y el Legislativo -Senado- da su acuerdo. Los Ejecutivos, cuando actúan con estatura de estadistas y convicción republicana, ponen cuidado en elegir a los mejores, que por eso se los llama magistrados. Y los  Legislativos controlan esa selección con gran rigurosidad. Designados que son, los otros poderes se someten a la jurisdicción de los jueces, respetan su independencia y así la República se asegura buena salud y larga vida.

En cambio, los gobernantes que distan  de ser estadistas –como los nuestros- ven en los jueces posibles obstáculos para sus chapucerías y tratan de cubrirse, saboteando su independencia. De distintas maneras: la tradicional consiste en designar jueces adictos. Cuando no disponían de mayoría en el Senado o en su Comisión de Acuerdos, se recurría al canje para salir del paso. Para evitar esas corruptelas, algunos se ilusionaron con el Consejo de la Magistratura, cuando lo instituyeron en la Constitución del 94 y le delegaron la preselección de los jueces. No fue tan fácil; el debate  de ley reglamentaria insumió años; en la discusión se pujaba por su integración política: mal comienzo. Recién en 1997 se sanciona la 24937 pero mientras se debatía, un apurado Menem siguió designando  jueces -además de tener la Corte adicta- y recién al final de su mandato, el Consejo propuso los primeros seleccionados. Eso sí: ya se llevaban gastados $ 54 millones. Pero la Constitución del 94 le otorgaba al Consejo otras funciones, como la de administrar los recursos del P. Judicial y ejercer las facultades disciplinarias sobre los jueces.

Los Kirchner -que se presentaban  como enterradores de la vieja política- al comienzo propiciaron cambios efectistas, entre ellos, la renovación de la Corte. Pero luego resucitaron lo más viejo de la política, con métodos primitivos, como la presión y amenazas a los jueces. Menem lo hacía con disimulo: cuando le molestaba algún juez fuera de la servilleta, impulsaba su ascenso a una cámara de apelaciones, en una sala donde su voto fuera neutralizado por la mayoría. Siendo grave, él se limitaba a eso, sin doblegar tan burdamente la institución.

Los Kirchner fueron mucho más audaces: planificaron reformar la Ley del C. de la Magistratura, para ponerlo a su disposición. La Senadora Cristina Fernández presentó un proyecto para reducirle los integrantes de 20 a 13. El achique recaía sobre las representaciones de jueces, abogados, académicos y legisladores de la minoría. Los de la mayoría –eran 5- quedaban intocables y así aumentaban su peso específico, que era el verdadero objetivo. El 24-12-05, al obtener la media sanción de esa Cámara, escribimos en El Día: Asesinato en el Senado de la Nación. Decíamos allí: “ahora esos 5 miembros bastarán para controlar las decisiones que requieren mayoría especial de 2/3 –nueve miembros- ya que oponiéndose, lograrían entorpecerlas, obligando a la negociación”. Es exactamente lo que ha pasado a partir de la Ley 26.080.

Esas mayorías juegan tanto para la designación de jueces, como para su remoción. Con esos manipuleos se dilatan los concursos, prolongando la permanencia de los suplentes, que al no tener estabilidad, son más manejables. También se demora exageradamente la resolución de las causas iniciadas contra los jueces. Y esta situación es la que les permite controlarlos, bajo amenaza permanente de movilizarles esas causas. A ello se agrega que la Comisión de Acusación y  Disciplina está dominada por dos diputados oficialistas que actúan como perros de presa: son los montoneros Diana Conti y Carlos Kunkel, que no se destacan precisamente por su ecuanimidad (ni por su buena educación).

Ellos se encargan de impulsar numerosas causas de dudoso fundamento contra los jueces que no se les someten. O bien, de demorar exageradamente el avance de las que comprometen a los suyos. Así obtienen de algunos, una increíble docilidad, que les permite tenerlos bajo la pata para los mandados más sucios: detener a dirigentes agropecuarios en las rutas o citar a indagatoria a Francisco de Narváez antes de las elecciones. Es el caso de Federico Faggionatto Márquez, que ostenta el impresentable record de ¡36 causas en su contra! algunas por gravísimos delitos, que curiosamente, no avanzan.

Así fue que los precitados montoneros, expulsaron al Secretario del Consejo, el Dr. Pablo Hirschman, por no ser funcional a sus designios, lo que también comentáramos en esta columna el 23-8-08.

En resumen, un órgano de raigambre parlamentaria, establecido  constitucionalmente para asegurar la independencia de la justicia, es desnaturalizado por Ley para utilizarlo exactamente en lo contrario. Estos métodos, unidos a los de épocas anteriores, nos ayudan a entender por qué en Argentina se delinque cada vez más desembozadamente desde el poder y en forma impune.

Italia había sido infectada por una dirigencia política cuya corrupción no distinguía partidos. Por  suerte para ese país, la Justicia había quedado sin contaminar y así el Fiscal Antonio Di Pietro pudo iniciar en 1992 la colosal depuración conocida como mani pulite. Nosotros no tenemos esa suerte. Julio Alak, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, saltó de Aerolíneas Argentinas a Ministro de Justicia (todo un mensaje). Desde lo alto, le hicieron corregir sus dichos: el Consejo de la Magistratura no se toca. Está en todos nosotros que la autora de este crimen de lesa República, tenga que rebobinar.