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La otra trinchera de la lucha antipastera


 
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Miembros del grupo técnico interdisciplinario explicaron, en una charla con EL DIA, las metas que persiguen
Miembros del grupo técnico interdisciplinario explicaron, en una charla con EL DIA, las metas que persiguen

Dicen que no vienen a disputar ningún espacio sino a enriquecer la causa de Gualeguaychú. Que así como existe Arroyo Verde, abrirán el frente científico. Sobre todo para los que todavía no comprenden por qué Gualeguaychú pide que Botnia se traslade. Pero los miembros del grupo técnico interdisciplinario -de ellos se trata- aclaran que son una continuidad histórica. Que quieren retomar el esfuerzo intelectual inicial que sustentó la rebeldía de este pueblo, sobre todo sistematizando el contenido científico producido hasta aquí, hoy disperso, que respalda la causa ambiental.
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 Por Gustavo Carbone y Marcelo Lorenzo


¿Es la creación del grupo técnico interdisciplinario -que se presentó formalmente esta semana- una aparición desde la nada, como si Gualeguaychú se hubiera acordado recién ahora, después de patalear durante tres años contra las pasteras, de estudiar las implicancias de su instalación?.

La inquietud se impuso de entrada durante el intercambio que este diario mantuvo con los miembros del grupo técnico interdisciplinario, a quienes invitó a la redacción para conocer los objetivos que persigue la agrupación.

La formulación no es doméstica. La acaba de plantear maliciosamente la prensa uruguaya, para desacreditar la iniciativa. Y para dejar la sensación de que los gualeguaychuenses, al acordar la formación de un grupo técnico, se habrían venido quejando hasta ahora sin fundamentos, convirtiéndose en rebeldes sin causa.

“Acá nadie arranca de cero”, se apresuró a decir Fabián Moreno Navarro, el abogado que ha venido asesorando desde hace tiempo jurídicamente a la Asamblea Ambiental, y ahora integra el grupo técnico. “No estamos frente a la primera iniciativa de un grupo que se dedica a analizar la cuestión de las pasteras”, aclaró para explicar que lo de ahora es una continuidad histórica que se remonta a por lo menos tres años atrás.

“De hecho el ‘no’ inicial a las papeleras, que se ha hecho carne en este pueblo, nace de grupos técnicos que investigaron, con bases científicas, y que vinieron a Gualeguaychú a alertar sobre los efectos nocivos de estas plantas en la región. Esa gente luego convenció a otro grupo de vecinos, interesados por las cuestiones ambientales”, recordó el abogado.

Pero lo curioso de la historia, dijo, es que esos grupos técnicos fueron uruguayos, quienes ya estaban preocupados por el tema de las celulosas en la zona. “Ellos se acercaron a los grupos ambientales argentinos de Entre Ríos. Y esa red socio-ambiental uruguayo-entrerriana es la que generó, sobre la base de información técnica, la movida de Gualeguaychú”.

“En la primera reunión realizada por este tema en Gualeguaychú -dijo el letrado-, allá por 2003 en el Sirio Libanés, ya se mencionó la frase de Laurence Summers, sobre la filosofía del Banco Mundial de trasladar a Latinoamérica las industrias sucias” (ver recuadro). “Es decir, de ninguna manera se pudo convencer a la comunidad de Gualeguaychú, que es muy instruida e informada, con simples eslóganes”.

La aclaración de Moreno Navarro fue ratificada en forma unánime por los otros integrantes del grupo técnico interdisciplinario, reunidos en la redacción: el médico Martín Alazard, el bioquímico Carlos Goldaracena, el ingeniero Pablo Preisz, el ingeniero Jorge Razetto y el licenciado Juan Carlos Quinteros.


Estudios que vienen de lejos

“Hace tiempo que se vienen aportando datos valiosos sobre el tema. Ha sido intenso y de calidad, por ejemplo, el trabajo de los asesores legales de la Asamblea, que eran acompañados por el Colegio de Abogados de la ciudad. Ellos abastecieron de conocimiento jurídico incluso a la cancillería argentina, antes y durante la presentación ante la Corte de la Haya”, recordó por su lado Alazard.

Al respecto, el médico comentó que justamente el estudio del impacto de las pasteras sobre la salud, lo involucró a él en la causa ambiental. “Había que presentar un documento sobre esta área. El gobierno provincial, recuerdo, tenía que ir a hacer una presentación a Washington, y por eso nos pedía un informe. Entonces me puse a estudiar. Y fue ahí que me convencí de la justicia de esta lucha”.

En realidad todo este tiempo se ha producido una vasta información científica que respalda la causa de Gualeguaychú. Pero como aclaró Razetto: “es parcial, elaborada desde distintas esferas de conocimiento (jurídica, económica, medioambiental, etc), y está dispersa”. Y añadió: “Nos falta una síntesis, una visión global que integre todos estos aspectos. Y ése es uno de nuestros desafíos”.

Al respecto, la comunidad de Gualeguaychú ya está al tanto de los múltiples informes técnicos elaborados en el fragor de la lucha antipastera. Los más recientes son los de los copoblanos Lázaro Cafferata y Pablo Preisz, que desde la química ahondan sobre el nocivo impacto, de índole acumulativa, de sustancias tóxicas en el medio ambiente.

Pero hay otros: el Informe del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), que elaboraron técnicos de la cancillería argentina; el informe Sejenovich, donde se precisan cuáles y cuántas serán las perdidas económicas; los trabajos del gobierno de la provincia, del grupo uruguayo Guayubira, del ombudsman del Banco Mundial y de la cancillería argentina.

Además, está la opinión de los numerosos científicos uruguayos de la Universidad de la República de Montevideo (entre ellos, el reconocido Stolkien), el contenido de la demanda del fiscal uruguayo Enrique Viana contra distintos estamentos del gobierno de su país, entre otros estudios.

“Nosotros, por tanto, como grupo técnico interdisciplinario surgimos con una gran ventaja: tenemos detrás nuestros un bagaje de conocimiento riquísimo. Como dicen los filósofos, estamos subidos a los hombros de todo lo anterior. Nuestra tarea, por tanto, es compilar estos saberes, pensando en una síntesis de por qué no queremos las pasteras en la cuenca del río Uruguay”, redondeó Moreno Navarro.

De ahí que uno de los objetivos del grupo técnico sea la elaboración de un documento que fortalezca la posición intelectual de Gualeguaychú, integrando distintos aportes científicos sobre la incidencia negativa de las pasteras en el medio ambiente, la salud, el turismo, el agro y otros aspectos.


Pedagogía

“Pero se trata también -apuntó Juan Carlos Quinteros- de bajar este conocimiento, que tendrá rigor científico, al lenguaje del hombre de la calle. Porque queremos dar pelea ahí, en la opinión pública, para ensanchar la adhesión de la gente a la causa. Lo cual supone hacer pedagogía”.

La percepción del grupo técnico es que Gualeguaychú no puede bajar los brazos en la tarea de convencimiento. “Nos consta que aún hay vecinos que dudan”, refirió Goldaracena. “Se trata de gente que está lentamente dándose cuenta de la gravedad del problema. Y que ahora está dispuesta a escuchar”, comentó con relación a la tarea de ilustración que aún falta incluso en la ciudad y la región.


Otra pata de la Asamblea

Por lo demás, el grupo técnico no surgió al margen de la Asamblea Ambiental, sino que es parte de ella. Lo aclaró bien Alazard: “Debe quedar claro que este es un grupo conformado por asambleístas (...) Ha sido filosofía de la Asamblea que quien hace una propuesta en su seno debe encargarse de llevarla a cabo. Y eso es lo que hicimos nosotros. En una asamblea, comuniqué que había un grupo de asambleístas decididos a estudiar y recopilar información, y a elaborar un documento propio de la Asamblea. Y se aprobó”.

“Es decir -subrayó el médico- este es un grupo más dentro de la Asamblea Ambiental. Así como existen aquellos que se encargan de poner una pancarta en la ruta 14, nosotros asumimos la tarea la estudiar y recopilar datos sobre este tema”.

De esta manera se irán formando grupos de trabajo de distintas áreas de conocimiento. “La idea, además, es que se vayan integrando esos sub-grupos temáticos, que a su vez tendrán representación institucional con las organizaciones de la sociedad civil de Gualeguaychú. Por ejemplo, el grupo legal seguirá trabajando con el Colegio de Abogados de la ciudad, quien avalará los contenidos que se produzcan”, apuntó Moreno Navarro.


La contaminación no se discute

Goldaracena y Razetto, por su lado, se abocarán sobre todo a la recopilación de la información química. “Los datos en este ámbito son abundantes -apuntó Goldaracena-. Una de las conclusiones que hemos sacado con Jorge Razetto es que, de acuerdo a la mayoría de los estudios, nadie niega que estas industrias son contaminantes. Más allá de que algunos informes, dando por hecho la instalación, evalúan la alternativa del monitoreo”.

Sobre el particular dijo que el pronunciamiento contra las pasteras de los científicos uruguayos de la Universidad de la República de Montevideo es concluyente, sobre todo en el aspecto ecológico. “En la parte química hacen un estudio excelente a nivel molecular, de lo que va a pasar en las comunidades, el río Uruguay y el ecosistema de la región”, afirmó.

Según Razetto, toda la información química disponible asegura que es “incompatible la instalación de Botnia con el ecosistema”, al tiempo que la idea del monitoreo, que propugna el Uruguay, “es impracticable por los altos costos y el nivel de especialización que se necesita”.

Goldaracena insistió en un punto: la información que maneja Botnia, por ejemplo respecto de los niveles de dilución de sustancias tóxicas, se basa en la realidad ambiental nórdica. “Pero eso no es trasladable a la cuenca del río Uruguay. Es decir, la trasnacional omite las características específicas del ambiente receptor de los efluentes. No es lo mismo tirar residuos en un mar profundo de 200 metros, con una temperatura diferente y con corrientes más fuertes, a tirarlo en el río Uruguay, más playo, templado y manso”.

Y respecto de los gases, “tampoco se ha tenido en cuenta la meteorología de la zona”, insistió el bioquímico, al criticar el hecho de que Botnia parte de un modelo de impacto ambiental que no se ajusta a la realidad de la región.

Preisz, a su turno, dijo que nadie discute que la planta finlandesa va a contaminar. “Con lo que se ha dicho a nivel nacional e internacional; con lo que se ha dicho en el Uruguay y el propio órgano de contralor de ese país (la DINAMA), es suficiente para probar que este proyecto es contaminante. Esto es indiscutido. Quien diga lo contrario, a esta altura, es porque está tergiversando las cosas”.


Sin licencia social

Para Preisz hay un argumento crucial en este conflicto que va en apoyo de Gualeguaychú: se trata de que Botnia no tiene la licencia social de los habitantes del lado argentino. Y esto cuando en Europa lo que se estila en estos casos es no autorizar ningún emprendimiento industrial de estas características sin la opinión ciudadana favorable. “Largar una fábrica de semejante envergadura sin consentimiento de las poblaciones lindantes, como es el caso de Gualeguaychú, es una barbaridad”, dijo.

“Acá hay un cúmulo de violaciones, que empieza con la del Tratado del Río Uruguay, sigue con la falta de licencia social, y luego con el no reconocimiento de la contaminación y del efecto transfronterizo”, resumió Alazard.

El médico contó que hace poco estuvieron aquí periodistas de Finlandia, quienes confiaron que estaban sorprendidos por la actitud prepotente de Botnia. “Contaron que no hace mucho años Francia quiso hacer una planta de procesamiento de uranio, cerca de la frontera con Finlandia. Incluso los franceses empezaron a hacer silenciosamente las perforaciones. Pero cuando se enteraron los ambientalistas el tema saltó a la prensa. Entonces Finlandia reaccionó. ¿Qué pasó? Francia se aviene a pedir la autorización que corresponde a la autoridad finlandesa y a los lugareños (licencia social), que era una población finlandesa de 20 mil habitantes. Resultado: Francia no obtiene la licencia social, y entonces se vio obligado a retirar el proyecto y tapar las perforaciones que había hecho”.


El daño económico

Preisz opinó que también es esencial censurar la virtual “ocupación territorial” que ha hecho el Uruguay sobre territorio argentino, al no considerar el impacto transfronterizo del emprendimiento. Y en ello está implicado el impacto socio-económico del emprendimiento finlandés en este lado del río.

En este sentido, dijo que una tarea del grupo técnico es cuantificar patrimonialmente la región argentina potencialmente afectada por Botnia. “Queremos hacer un relevamiento de los activos que se encuentran en un semicírculo, con centro en la planta y un radio de 60 kilómetros, y luego ampliarlo a 100 kilómetros. Eso incluye el valor de la tierra, de los edificios, de las empresas y demás. Otra cuestión es determinar el PBI regional, es decir la producción de bienes y servicios en un año”, apuntó.

Y el otro elemento a evaluar es la pérdida económica que sufrirán las empresas de la región que, ante la aparición de Botnia, deberán reconvertirse productivamente en menos. En suma, el daño económico que producirá la pastera, que reflejarán estos cálculos, “será mucho más grande que el valor de la supuesta inversión de la pastera en Fray Bentos”, remarcó Preisz.

“La empresa habla del impacto económico en Paysandú, pero sin decir que Colón está enfrente. Habla del efecto sobre Fray Bentos, pero ignora a Gualeguaychú. Es decir, Botnia evalúa el impacto del otro lado del río. Pero no menciona el lado argentino”, señaló al respecto Alazard.

Para Moreno Navarro esto es una debilidad de la posición uruguaya evidente: “La empresa y los organismos estatales como la DINAMA han soslayado absolutamente el territorio argentino. Es decir, han venido negando sistemáticamente el efecto transfronterizo”.

Para el abogado todos los estudios que haga el grupo técnico, que abonarán la causa de Gualeguaychú, servirán para abastecer argumentalmente no sólo la posición del Estado argentino en el diferendo, sino la de las demandas judiciales privadas de aquellos agentes económicos de la región que se sientan perjudicados por Botnia. “Reclamar los derechos en este caso es prevenir. No estoy hablando de pedir resarcimiento económico, al cual ojalá nunca tengamos que recurrir”, aclaró.


A confesión de parte, relevo de pruebas

Laurence Summers fue vicepresidente del Banco Mundial en el año 1992 (el mismo banco que hoy financia a Botnia). Y esto expresó en un memorando preparado para laCumbre de la Tierra Eco 92" realizada en Río de Janeiro:

“Entre nosotros, ¿no debería el Banco Mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al Tercer Mundo?”.

“Numerosos países se encuentran muy limpios por lo que sería lógico que recibieran industrias sucias y residuos industriales, ya que tienen una mayor capacidad de absorción de contaminantes sin que se produzcan grandes costos”. “Los costos de esta contaminación están ligados al aumento o retroceso de la mortalidad. Desde este enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería ser realizada en países con costos más bajos, con menores salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por los daños serán también más bajas que en los países desarrollados”.

“Creo que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de basura tóxica a un país con salarios más bajos es impecable y debemos tenerla en cuenta”.

“Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos, por lo que estos serán mucho menos llamativos en los países con una expectativa de vida baja, es decir, en los países pobres donde la gente se muere antes de que el cáncer tenga tiempo de aparecer”.
Estas palabras de Summer fueron publicadas por The Economist de Inglaterra bajo el título “Hay que darles de comer contaminación”.


 
 








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